Lula y el lawfare en América Latina

Después de dar tumbos en juzgados de todos los niveles de Brasil, pasó lo que desde el principio todos sabíamos que tarde o temprano sucedería: se evidenció que las acusaciones contra Lula da Silva eran un montaje. Mientras eso llegaba a suceder lo sacaron de la carrera por la presidencia, lo metieron en un calabozo, lo usaron como ejemplo de la corrupción que arguyen que corroía a los gobiernos nacional progresistas, y le hicieron vivir dramas familiares terribles.

Lula viene de una curtida historia de dirigente sindical y de líder político de izquierda, y fue un presidente que impulsó políticas que permitieron que el perfil social de su país tuviera transformaciones positivas muy importantes. El drama personal que vivió es producto del rencor que despertó en los poderosísimos sectores dominantes brasileños, quienes no pudieron soportar que grupos sociales tradicionalmente postergados y marginados de los beneficios del desarrollo, históricamente sumisos y pasivos ante ellos, ascendieran socialmente y se hicieran presentes en lugares de los que simbólicamente deben, según ellos, estar excluidos. 

Como está hoy a la vista de todos, la reacción fue llevar a la presidencia, en lugar suyo, al energúmeno de Jair Bolsonaro, un personaje que de no vivir en la coyuntura política por la que atraviesa su país no debería haber ocupado ningún puesto público, ni de secretario de alcaldía del más remoto pueblo.

Y así como a Lula, también pasaron llevándose en bandolera a Dilma Rousseff, a quien no pudieron, aunque quisieron, meter a la cárcel. Y en otros países usaron las mismas tácticas, y ahí están aún hoy Cristina Fernández y Rafael Correa en la picota, teniendo que aguantar desmanes de sistemas judiciales venales que los persiguen con argumentos ridículos que, a la larga, como en el caso de Lula, se evidenciará que eran puras excusas para alejarlos de la posibilidad de volver a gobernar.

A esta persecución por la vía judicial se le llama lawfare o guerra jurídica, y busca, como hemos querido mostrar, apartar a líderes carismáticos de la izquierda que gozan de popularidad de las posibilidades de reeditar gobiernos que no agradan no solamente a los grupos nativos económica y políticamente dominantes, sino también a los grandes intereses económicos y políticos sobre todo de los Estados Unidos.

Se trata, por lo tanto, de toda una operación continental bien orquestada, que debió ser planeada preventivamente con mucho tiempo de anticipación, y que implicó ganar las conciencias de abogador y jueces a través de lo que ya señalaba, desde inicios de la década de los 80, el conocido documento Santa Fe I : “Debe iniciarse una campaña para captar a la élite intelectual iberoamericana a través de los medios de comunicación (…), y también debe fomentarse la concesión de becas y premios, puesto que la consideración y el reconocimiento son lo que más desean los intelectuales”.

No se trata de teorías conspiracionistas sino de la puesta en evidencia de la anticipación preventiva de carácter ideológico, como la que Bush planteaba en el orden militar y que llevo a las intervenciones en el Medio Oriente. Desde unos años antes, los Estados Unidos habían identificado la importancia de la dimensión ideológico cultural para mantener su prevalencia en la región, y para eso solo hay que traer a colación lo que el Informe Rockefeller propuso a la administración de Richard Nixon en 1969, a propósito de la necesidad de desplazar al cristianismo católico por iglesias neopentecostales que consideraba más afines a la mentalidad capitalista contemporánea. Los resultados de las acciones emprendidas desde entonces las tenemos también a la vista en nuestros días. 

Es decir, que Lula es un ejemplo relevante, pero solo un ejemplo, de la manipulación generalizada que se hace del Poder Judicial en nuestros días, y de ahí la importancia que se le asigna al nombramiento de magistrados y jueces porque están en juego grandes intereses.