Colombia: triunfó la propuesta ultraconservadora

El balotaje colombiano sirvió para confirmar que la derecha seguirá siendo la fuerza conductora del país con el apoyo Legislativo que consiguió en las elecciones para representantes y senadores en marzo pasado, donde la fracción del ex presidente Álvaro Uribe se constituyó como la más importante de un Congreso fragmentado y donde el bloque conservador de varios partidos tiene una holgada mayoría. Uribe encabezará la derecha en el Senado (de 102 miembros) con 16 integrantes de su partido, el Centro Democrático.

Es así que el 17 de junio sirvió para que el delfín de Uribe –Iván Duque– confirmara su aspiración presidencial y le diera –de facto– al ex mandatario un tercer gobierno. Es decir, la justa no decidió por un escenario nuevo sino por continuar con el modelo económico imperante al que agregó la conducción política de Uribe, de matriz ultraconservadora, protector del paramilitarismo, acusado de connivencia con el narcotráfico y enemigo público de los acuerdos de paz con la insurgencia.

Por su parte, a la fracción de izquierda progresista que creció tras la candidatura del antiguo militante de la Anapo y ex integrante del M-19, Gustavo Petro, la deja como observador del proceso; a la distancia, cumplirá un poco claro papel fiscalizador, al tiempo que asumirá –aunque más no sea de forma– la defensa de lo convenido en La Habana para el desarme y entrega de las FARC a cambio de su ingreso al Parlamento. Del centroderecha, esa tercera fracción que compondrá el Legislativo, se vaticina que procurará recomponerse luego de la repartición mayoritaria de votos hacia Duque y Petro, donde ese sujeto denominado “centrismo”, un tanto amorfo, resultó negativamente afectado, involucrando a sectores tradicionales y al propio presidente –en la modalidad de conductor político–, Juan Manuel Santos. La conducta de este grupo es una incógnita, aunque se supone que acompañará al presidente en política económica y pondrá reparos al uribismo en otros temas.

Para el caso, en términos generales las encuestas estuvieron, esta vez, acertadas, aunque algunas exageraron los números en favor del ganador, otras en contra del derrotado –a quien asignaron menos del 40%– y afirmando que más ciudadanos concurrirían a las urnas que en primera vuelta, lo que no sucedió y aunque hubo una baja en la asistencia esta fue en términos porcentuales menor (53.38 contra el actual 53.O8): más del 46% se abstuvo. En todo caso, la duda del domingo pasaba por develar el comportamiento de aquellos que en primera vuelta votaron por quien obtuvo el tercer lugar, Sergio Fajardo, con unos 4.6 millones de sufragios. Fajardo anunció y llamó a sus votantes a hacerlo en blanco, pero lo secundaron sólo 440 mil; Petro recibió 3,2 millones –de Claudia López, de Coalición Colombia, ex candidata vicepresidencial de Fajardo– y seguidores del senador Antanas Mockus. Otro millón fue a dar a Duque.

En el último medio siglo, el promedio de concurrencia a las urnas, medido sobre el total de inscritos en el padrón, fue de 46%; se tiene como aceptable –y hasta exitoso– que cuando Duque asuma como presidente el 7 de agosto lo haga con el respaldo de casi el 29 por ciento de los habilitados (10 millones 340 mil votos, de un total de más de 36 millones de registrados en un país de 50 millones de habitantes, aproximadamente).

Un escollo con el que se topará Duque presidente si intenta cumplir con promesas de campaña y más allá de que está condicionado por la conducción de Uribe desde el Senado –lo que lo presenta como un mandatario debilitado– será si intenta rever los acuerdos de paz con las FARC: no sólo se opondrán los que se aposten detrás de Petro senador, sino todas las organizaciones sociales del país que apoyan los pactos con esa insurgencia, sin contar que en el ámbito internacional se tiene el proceso pacificador como un capítulo cerrado que no admite modificaciones.

Al continuar pensando en el campo internacional y en el regional en particular, hay que decir que Colombia sigue siendo el mayor proveedor de drogas a Estados Unidos –“oficialmente”, 350 toneladas anuales de cocaína, además del aumento del área sembrada con estupefacientes, en tanto se ratifica desde Washington la continuidad del Plan Colombia por otros cinco años, con lo cual se demuestra que en EEUU la DEA actúa para sostener y dar estabilidad al mercado -no para la reducción y el combate del flagelo– por un lado, mientras que las autoridades de ambas naciones exponen su falta de interés por acabar con los negocios de lo que llaman “crimen organizado”.

Si a esto le sumamos las acciones de integración a la OTAN por parte del “premio Nobel de la Paz”, el presidente Santos, tenemos un cuadro claro de lo que es un Estado belicista al que se incorpora e incrusta el tecnócrata Duque actuando junto a Uribe como “peones de brega” del imperio, lo que significa un peligro para la estabilidad y la paz en la región.

Con referencia a los planes económicos para el propio país que se espera aplique, sin diferenciarse mucho del pasado, se puede sospechar que hará defensa y protección de la propiedad privada, entendida ésta como lo hicieron en un principio Smith, Ricardo y Malthus: el poder jurídico completo sobre una cosa, entendiendo que esa es su naturaleza de raíz aunque la forma en que se concreta en la realidad y en la normativa, tuviese cambios con el tiempo en cada país y en sus aplicaciones de acuerdo al entorno.

Para el campo del extractivismo colombiano, en el contexto del libre comercio y la libertad de competencia, hay que esperar la profundización que haga valer ciertas máximas del modelo: el mercado es una especie de mano invisible que equilibra producción, comercialización y precios siempre sujetos a la oferta y la demanda. De esa esencia ideológica se desprende que se aborrezca todo aquello que sea intervención económica estatal, dado que según ello lo oficial interpone barreras al comercio, por lo que aquel debe tener un fin reducido a cuestiones elementales como el alumbrado público, la seguridad de las personas y únicamente involucrarse en la fijación del valor de trabajo –poniendo topes a esas actividades– al tiempo de borrar o adelgazar los gravámenes fiscales, principalmente lo aduanales. 

Con otro tono, tal vez más directo en la explicación, la propiedad privada e individual son las bases de esta teoría que no considera el carácter social del asalariado y la apropiación privada de la nueva riqueza generada, que se expresa en un antagonismo irreductible entre trabajadores y burguesía. Las igualdades que verbalmente expresa la filosofía liberal se pierden cuando se pretende que el Estado opere esencialmente para excluir expresamente a los trabajadores de la vida política. No otra égida podemos esperar que imponga el nuevo mandato en Colombia sujeto a las directrices no solamente militares, policial-represivas y económicas: si entendemos al neoliberalismo no únicamente como una doctrina económica de un momento del capitalismo, sino como ideología totalizadora, eludiremos el garlito de suponer que su estudio y crítica se reducen a la pertenencia a un grupo de profesionales; quienes quieran avanzar en un camino de cambio sustancial y duradero en favor de las grandes mayorías deben, por una parte, revelar las condiciones que nos son impuestas a través de consejos y modelos a la medida de las apetencias de quienes los dan y, por otra, exponer de forma práctica los instrumentos de que se dispone -y quieren quitarnos– para organizarnos socialmente. Ese es el camino -desde nuestra opinión– que convoca a las fuerzas crecientes del progresismo colombiano que hoy representa Petro.