AL en tiempos electorales (I)

Gran actividad regional presenta 2018 con elecciones en Venezuela, Colombia (que tendrá, además, legislativas) Cuba (parlamentarias y escogencia del sustituto de Raúl Castro), Paraguay, México y Brasil. Se suma la segunda vuelta en Costa Rica entre Fabricio y Carlos Alvarado, con homonimia de apellidos que llevó a considerar que eran familiares –me incluyo– lo que no es así.

El público recibe en general opiniones de diversa índole, interés y calidad, las que podemos agrupar en dos bloques: uno referido a los actos preelectorales y lo acontecido con los propios elegidos, el papel de las encuestas y hasta los niveles de concurrencia a sufragar. El otro, sobre el grupo de países por su atracción y repercusiones en los demás –política y económicamente–: Venezuela, México, Colombia y Brasil. En ambos casos, lo que más hay es el análisis político-sociológico acerca de gobiernos tenidos como populistas, progresistas o izquierdistas que inauguraron tiempos de cambio al vencer a partidos tradicionales: circula una corriente –expandida por los medios masivos y las agencias internacionales– que augura el retorno de las derechas como resultado comicial en la mayoría de los casos.

En varios países se asocia política con corrupción y aún en aquellas naciones que distan dos o tres años para sus elecciones, gobiernos y oposiciones calculan acciones en función de consecuencias partidarias y eventuales candidaturas.

Jorge Majfud indica que nadie niega que la corrupción “es un problema apremiante, grave y permanente, tanto en América Latina como en el resto del mundo. La cuestión radica en quiénes y cuándo visibilizan el asunto y con qué fines”. No existe casualidad que la lucha contra la corrupción sea parte de la agenda central de empresas de comunicación internacionales y de la Casa Blanca: judicializar la política es una práctica concertada para atacar dirigencias consideradas progresistas.

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En América Latina, durante las décadas de los 80 y 90 se ejecutó un pacto entre medios de comunicación, organizaciones internacionales de finanzas y oligarquías locales para, en nombre del combate a la corrupción, llevar a cabo ajustes estructurales que angostaron el Estado, privatizando propiedades y servicios públicos y así despolitizar sociedades. El neoliberalismo se incrustó en la región y las grandes mayorías se vieron afectadas estructuralmente al ser limitadas en el acceso público.

Sin embargo, los grandes medios ocultan que los Flujos Financieros Ilegales (FFI) de las trasnacionales –denunciados por la Cepal– hacen que América Latina deje de percibir un 4.64% del PIB regional. Con respecto a los ingresos fiscales del gobierno central dichas regalías representan regionalmente cerca del 34% de los ingresos tributarios de cada gobierno. La falsa facturación del comercio internacional como porcentaje del PBI representa en el caso Uruguay 8,4%, según un cuadro de Global Financial Integrity. En un desplegado de acciones la Red Latindadd demanda que “la gobernanza global sobre tributación y fiscalidad deje de ser patrimonio de los países ricos del norte aglutinados en la OCDE, el G20 y la Unión Europea. Dicha gobernanza debe tener un carácter incluyente y democrático, por lo que los países del Sur deben tener participación en igualdad de condiciones”.

Según Walter Rostow (representante del liberalismo) el interés estadounidense “consiste en mantener un contorno mundial para los EE. UU. dentro del cual su sociedad pueda seguir desarrollándose (…) Esta definición (…) incluye la protección física del país, pero la protección del territorio propio se considera esencialmente como un medio más amplio: la protección de un modo de vida…”: esa y no otra es la pretensión del imperio que cuenta con la complicidad de las oligarquías latinoamericanas.

Pero a esta altura permítasenos señalar que sabíamos, con abundancia de pruebas y ejemplos, qué papel jugarían las fuerzas de derecha para hacerse otra vez con los gobiernos regionales, recurriendo a la ayuda de Washington, sus agencias y agentes, para recuperar la dirección política de los Estados que le dieran beneficios al imperio, las trasnacionales y las burguesías locales.

Como campo experimental de la futura humanidad –haciendo a un lado sus propias falencias y las predicciones sobre agotamiento del modelo de dominación, que se sostiene básicamente por el sustento que le da el complejo industrial militar–, más allá de los análisis anunciando la catástrofe y el final de su era de dominio, no podemos sentarnos en la puerta a esperar que pase el cadáver de nuestro enemigo.

Tampoco hacer una apuesta única al competidor del imperialismo creado en 2014 por el presidente chino, Xi Jinping, y la reunión en Santiago de Chile con la que prosigue su estrategia de vinculación con nuestra región en el contexto de “la franja económica de la ruta de la seda”. 

Desde nuestro punto de vista debemos responder con inteligencia al desafío de clase que nos formula la derecha, que enfila sus baterías sobre la mayoría y que se proyecta como modelo de futuro.

Y con los gobiernos progresistas, populistas o como quiera llamárseles no hemos tenido un horizonte de futuro socialismo y ni siquiera emprendimientos anticapitalistas de mediano aliento. O dicho de otra manera: “sin disputa de poder no hay cambio histórico, hay cambios de administración…”

La pregunta que surge es de si a las dictaduras se las vencía exigiendo instituciones y mayores libertades, ¿con qué instrumental se combate ahora? Salta a la vista que ciertas herramientas ya no sirven, no alcanzan para agitar a las masas; existe un desgaste por quienes abusaron del “ala izquierda”, para acercar el voto de sectores populares, y giraron a la derecha al instalarse en el gobierno, controlando al gabinete económico para seguir funcionando con modelos neoliberales atenuados.

No es opción actual el depositar la libertad en una organización dirigida por una élite de militantes supuestamente instruidos, conscientes y experimentados que se ofrecen como guías y terminan como jefes.

El futuro de nuestras sociedades pasa por una democracia directa de abajo hacia arriba que no se asienta en ninguna forma de capitalismo como pretende la revisión que ofrecen el neoliberalismo o el reformismo socialdemócrata. Si esto ocurriera estaríamos creando un nuevo estamento de dominación propenso a creer en su propia supervivencia como un fin en sí mismo que busca perpetuarse en un gobierno que le asegura supervivencia.

Hace varias décadas que Bettelheim –con gran claridad– sostenía que los cambios sociales verdaderos sólo podrían esperarse y ser eficaces para las grandes mayorías a condición que procedieran desde abajo y sujetos a una permanente y pública contraloría.

No es del caso esperar del pueblo y las fuerzas anticapitalistas una pura espontaneidad, sino que para enfrentar al aceitado aparato actual de dominación no es despreciable contar con un sector esclarecido que en buena medida sirva de guía, lo que seguramente resultará beneficioso. Algo que nos viene del fondo de la historia es del caso recordarlo: un episodio de Revolución Francesa enseña que Jean-Baptiste Robert Lindet, jacobino, miembro del Comité de Salvación Pública –como tal uno de los que votó la muerte del rey depuesto– fue el único integrante que no firmó el acta de acusación contra Danton y se opuso al establecimiento del “reinado del terror” de Robespierre al declarar el 9 de Termidor “No hemos hecho la Revolución en provecho de uno solo”

Como mi opinión sobre el tema no se acaba aquí, imitando la acción de un bien articulado puñado de “celestes” patrones rurales –acompañados por cámaras empresariales urbanas– agregué un I romano al título, “autoconvocándome” para seguir con un II.

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